MADRID, 27 (SERVIMEDIA)
Plena Inclusión Madrid mostró este martes su preocupación ante la falta de presupuestos en la Comunidad de Madrid para el próximo año, 2023, ya que supondría una falta de financiación por parte del Gobierno regional para eliminar la lista de espera en atención temprana. De esta manera, se deja en el aire la creación de un total de 1.856 plazas para el próximo año destinadas a niños y niñas menores de 6 años que aguardan para recibir un tratamiento que asegure su mejor desarrollo.
Esta organización, que vela por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo considera que «la no aprobación de los presupuestos supone el riesgo de dejar sin atender a casi 2.000 niños y niñas con trastornos del desarrollo o discapacidad en la etapa de 0 a 6 años, una atención totalmente necesaria para su crecimiento y para evitar un deterioro mayor en el futuro».
Acabar con dicha lista de espera, asegura Plena Inclusión, es un compromiso adquirido por la Consejería de Familias, Juventud y Política Social y sobre todo una necesidad que lleva años siendo un reclamo del movimiento asociativo Plena Inclusión Madrid.
«Desde nuestra federación lamentamos profundamente esta situación de bloqueo y exigimos a los partidos políticos que tengan en cuenta las consecuencias de sus decisiones en las que no contemplan las necesidades reales de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Los niños de 0 a 6 años no pueden esperar y no pueden estar a expensas de los intereses partidistas de los grupos parlamentarios, que se encuentran ya en campaña electoral con el coste social que esto supone para muchos colectivos en situación de vulnerabilidad», señaló.
Resalta también que «el contexto de crisis económica en el que nos encontramos aumenta aún más la preocupación de las familias, por ello pedimos al Gobierno regional y a los grupos de la Asamblea, que sean responsables y remedien una situación que no se puede alargar más en el tiempo».
Por último, Plena Inclusión Madrid demanda» medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad de un sector que viene arrastrando diferentes crisis que ponen en peligro los servicios y recursos de las personas con discapacidad intelectual, especialmente los residenciales».
