MADRID, 06 (SERVIMEDIA)
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) reclamó este miércoles la derogación de la Ley 15/1997 que posibilita la externalización de los servicios sanitarios y disminuir «significativamente» el gasto en conciertos hasta que no supere el 5%.
Así consta en las recomendaciones publicadas en el informe ‘La atención especializada en las comunidades autónomas’, que la Fadsp presentó este miércoles. En sus recomendaciones, el informe solicita que el gasto en Atención Especializada (AE) no supere el 60% del gasto sanitario público, para lo cual la Fadsp reiteró la necesidad de aumentar el gasto sanitario público en torno a mil euros por habitante y año, para situar a España en el promedio de la UE; reducir el gasto farmacéutico hospitalario para situarlo por debajo del 14% del total del gasto en AE (actualmente está en el 17%); y reducir el gasto destinado a las privatizaciones.
Del mismo modo, el texto incide en la importancia de disminuir el gasto destinado a las privatizaciones, lo que pasa por disminuir «de manera significativa» los recursos que se destinan en conciertos hasta que no supere el 5%, derogar la Ley 15/95 y blindar la provisión sanitaria pública.
A su vez, la Fadsp considera conveniente incrementar «de manera importante» el número de camas hospitalarias con el fin de conseguir entre 4,5 y 5 camas por cada mil habitantes, es decir, entre 50.000 y 80.000 en toda España. En la misma línea, se requiere que en ninguna comunidad autónoma haya menos de 3,5 camas por cada mil habitantes.
Este incremento debería realizarse fundamentalmente en las camas de media y larga estancia, para lograr que haya al menos una por cada mil habitantes, y que éstas sean de titularidad y gestión pública.
También debería abordar por parte de las autoridades competentes un análisis de la dotación tecnológica de los centros sanitarios y de su adecuación a las necesidades asistenciales, y un plan para garantizar su actualización.
El informe subraya la importancia de auspiciar la dotación necesaria de personal de los centros sanitarios para garantizar una atención sanitaria de calidad, para lo cual debería establecerse una dotación mínima de personal de los centros privadas para una adecuada atención sanitaria.
La Fadsp cree llegado el momento de asegurar la convocatoria y dotación económica de todas las plazas de formación especializada acreditadas y proporcionar a la Atención Primaria de los medios necesarios para disminuir las «derivaciones inapropiadas».
CONTROL DE DERIVACIONES
También señala la conveniencia de arbitrar mecanismos para controlar y disminuir las derivaciones a consultas externas y pruebas diagnósticas a los centros privados con dinero público.
El informe añade la pertinencia de «mejorar de manera sustancial» la utilización de los quirófanos y la tecnología en los centros sanitarios públicos y arbitrar mecanismos y protocolos de actuación para disminuir la tasa de cesáreas en los centros públicos y en los privados para acercarse al objetivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de un 15% sobre el total de partos.
A su vez, pide la evaluación de las pruebas diagnósticas para «evitar la sobreutilización innecesaria», incrementar «de manera significativa» en la sanidad pública las actividades de fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia, «reducir significativamente» las urgencias hospitalarias a través de la mejora en la accesibilidad de la Atención Primaria y de la Atención Especializada, desarrollar una nueva política de recursos humanos para garantizar incentivos a los trabajadores sanitarios que priman la calidad de la asistencia sanitaria, garantizar la formación continuada de los profesionales y favorecer la «dedicación exclusiva» de éstos para «evitar la competencia desleal y la colusión de intereses entre la sanidad pública y el sector privado».
LISTAS DE ESPERA
La Fadsp insta a trabajar para que ninguna persona espere más de seis meses para una operación, ni más de 60 días para acudir a consultas externas. También aboga por que las primeras consultas se realicen en 15 días en más del 90% de las ocasiones.
A su vez, apuesta por incluir las opiniones de los ciudadanos y de las organizaciones sociales en los estándares de calidad de la Atención Especializada y la creación de organismos de participación social y profesional en los centros de AE.
Por su parte, el informe incorpora la necesidad de que se garantice el aumento del gasto farmacéutico de la Atención Especializada se sitúe al menos un punto por debajo del crecimiento presupuestario de este nivel asistencial, hasta alcanzar el 14%.
También reclama incrementar la utilización de genéricos y biosimilares, hacer posible las «compras agregadas» de medicamentos de uso hospitalario por parte de todas las comunidades autónomas, «regular estrictamente» los conflictos de interés entre profesionales sanitarios y la industria farmacéutica, posibilitar la «formación continuada» de los profesionales al margen de las empresas farmacéuticas y de tecnología sanitaria, promocionar la investigación pública, con independencia de la industria farmacéutica y crear una empresa pública farmacéutica para «conseguir una mayor independencia de las multinacionales del sector».
Al margen de lo anterior, la Fadsp cree que habría que realizar un acuerdo estratégico sobre la Atención Especializada que «estableciera los objetivos e instrumentos para garantizar una AE de calidad en la sanidad pública, incluyendo un modelo de organizaciones y gestión, así como de la configuración de las especialidades médicas y de enfermería».
