– Será utilizado por todos los operadores y para ello contratará a un equipo de investigación «puntero y reconocido a nivel internacional» y hará un estudio de prevalencia
MADRID, 19 (SERVIMEDIA)
El Ministerio de Consumo destinará el próximo año más de 800.000 euros a la elaboración de un mecanismo de detección de comportamientos «de riesgo» en el ámbito del juego que sea utilizado por todos los operadores.
Así lo anunciaron este miércoles el secretario general de Consumo y Juego, Rafael Escudero, y el subsecretario de Consumo, José Antonio García, durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados para informar sobre el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, que consignan una dotación de 16 millones de euros para dicha Secretaría.
En concreto, la principal partida de gasto del Ministerio de Consumo en el próximo ejercicio será la relacionada con la financiación de proyectos de investigación para la prevención de los posibles «trastornos» provocados por la actividad del juego, teniendo en cuenta que las actuaciones de investigación y prevención de los trastornos del juego y sus posibles efectos pasan de 1,1 a 2,22 millones de euros, lo que supone un incremento del 102%.
Escudero precisó que, además de las partidas destinadas a «reforzar» la lucha contra el fraude a cargo de la reorientación de la tasa por la gestión administrativa de juego que pagan los operadores, entre las principales actividades previstas para 2023 destaca la creación de este algoritmo que «permita detectar comportamientos de riesgo» y que, a su entender, supone «una importante novedad en las políticas de juego» previstas por parte del departamento de Alberto Garzón para el año que viene.
En este punto, el secretario general de Juego precisó que, para poder «desarrollarse con rigor científico y garantías para todos los actores», dicho proyecto «requiere» la contratación de un equipo de investigación «puntero y reconocido a nivel internacional», así como la realización de estudios de prevalencia entre jugadores ‘online. Además, exige la determinación de un modelo de evaluación de riesgo y la colaboración de asociaciones o federaciones de asociaciones de ex jugadores y jugadores rehabilitados, que recibirán una subvención.
Todo ello, de cara a la obtención de datos que permitan elaborar este «algoritmo de conducta problemática» de una forma «eficaz», sentenció.
Junto a ello, subrayó que, por primera vez, se otorgarán subvenciones nominativas a hospitales «de referencia» del Sistema Nacional de Salud en el tratamiento de conductas adictivas, como son el Hospital Universitario de Bellvitge y el Hospital Universitario Ramón y Cajal, para que desarrollen «con más medios» sus políticas de prevención.
En este sentido, el subsecretario de Consumo, José Antonio García, explicó que el Proyecto de real decreto sobre entornos más seguros de juego ‘online’, que está «a punto de finalizar su tramitación», determina que la Dirección General de Ordenación del Juego será la autoridad encargada de desarrollar el mecanismo de detección de comportamientos «de riesgo», que «deberá ser usado por todos los operadores» y al que Consumo ha destinado una partida superior a los 800.000 euros. De ellos, 500.000 irán destinados a la contratación del equipo de investigadores que, según García, «ayuden a determinar» esos comportamientos «cruzando datos» con los centros, servicios y establecimientos sanitarios públicos y «con el conocimiento de los afectados».
Con respecto al estudio de prevalencia anunciado por Escudero, recordó que el último es anterior a la pandemia, por lo que aseveró que, en este tiempo, «ha podido cambiar bastante la situación en el juego en España».
A él se destinará una partida de 160.000 euros y, para desarrollarlo, además de los convenios con los hospitales de Bellvitge y Ramón y Cajal, que recibirán 50.000 euros cada uno, también se firmarán acuerdos con tres asociaciones que abordan esta adicción, por un valor total de 125.000 euros.
OTRAS INICIATIVAS
En paralelo, por segundo año se abrirá una convocatoria para subvencionar, en régimen de concurrencia competitiva, proyectos de investigación «centrados» en los «efectos y riesgos» de las actividades de juego que sean presentados por universidades, asociaciones y centros de investigación y Consumo «proyecta» la realización de una campaña de «sensibilización y prevención» con el «foco» puesto en las personas en situación de vulnerabilidad ante «posibles comportamientos de riesgo», entre las que ambos incluyeron a los jóvenes.
Además, el próximo ejercicio el departamento de Garzón «incidirá» en la «popularización» de los sistemas de autocontrol con los que cuenta la Dirección General de Ordenación de Juego, incluyendo el registro de auto prohibidos. Para ello destinará 100.000 euros dirigidos a la publicación de materiales que se enviarán a centros escolares, centros cívicos o comisarías de policía.
«En definitiva, todos estos proyectos responden al enfoque garantista y de precaución que desarrolla el Ministerio de Consumo para prevenir comportamientos o prácticas compulsivas y de riesgo», sentenció Escudero.
En su turno de réplica, preguntado sobre los expedientes de juego desarrollados a lo largo del pasado ejercicio, explicó que se tramitaron unos 600 expedientes sancionadores, 135 denuncias y 165 actas de inspección de juego ilegal y, en respuesta a la propuesta del PP de desarrollar un Plan Nacional de actuaciones sobre el juego, advirtió de que «es inconstitucional» y sugirió a los ‘populares’ que «hablen con los consejeros con competencia en juego de su partido», que, a su juicio, «les van a decir que están en contra de esta propuesta».
«Porque es clara la distribución competencial en materia del juego, el Estado tiene competencia en materia de juego ‘online’ y las comunidades autónomas tienen competencia en materia de juego presencial», apostilló.
Con respecto al presupuesto de la Dirección General de Ordenación del Juego, este año aumentará «prácticamente un 9,5% con relación a 2022», porcentaje que, a su entender, «pone de manifiesto el compromiso del Gobierno con el desarrollo de un marco normativo e institucional que garantice la protección a personas en situación de vulnerabilidad» en este ámbito.
