MADRID, 13 (SERVIMEDIA)
Más de 60 centros sanitarios de la Comunidad de Madrid se situaron en primera línea de las quejas recibidas por el Defensor del Pueblo en Atención Primaria por la demora para las consultas de médicos de familia y enfermería, así como por la falta de profesionales sanitarios.
Según el último informe anual del Defensor del Pueblo, correspondiente a 2022, presentado este lunes en el Congreso de los Diputados, «cuantitativamente destacan las quejas y actuaciones referidas a centros en la Comunidad de Madrid, más de 60 centros sanitarios, entre centros de salud, consultorios y centros de urgencias extrahospitalarias». De hecho, a esta región se le dirigió la mayoría de las Recomendaciones.
Estas actuaciones también se llevaron a cabo con las administraciones sanitarias del resto de comunidades autónomas, «pero en un número bastante inferior». Así, se recibieron quejas sobre la presión asistencial y la demora para consulta en 14 centros de Andalucía, y en 10 de la Comunidad Valenciana, Castilla y León o Castilla-La Mancha. Por el contrario, el número de centros objeto de supervisión fue menor en Galicia, Cataluña, Aragón o la Región de Murcia, y el resto de territorios.
El informe también destacó la importancia de la Atención Primaria por ser la puerta de entrada al sistema público sanitario y que, en estos momentos, tiene «una insuficiencia de profesionales sanitarios».
La mayoría de las quejas recibidas por el Defensor del Pueblo se refieren a las demoras para recibir atención en consulta con personal médico o de enfermería y que «superan en muchos centros de Atención Primaria, particularmente en grandes ciudades o zonas metropolitanas, el plazo de varios días y hasta semanas».
CONTINUIDAD ASISTENCIAL
Esto, remarcó el informe, «es algo que desvirtúa la propia naturaleza de la Atención Primaria, basada en la proximidad y la continuidad asistencial. Los reajustes constantes de plantillas provocan, además, la pérdida de vinculación entre los profesionales y sus pacientes, eliminando otro elemento que caracteriza este nivel asistencial».
Como se apuntó en el informe correspondiente al pasado ejercicio, a partir del verano de 2020, en el contexto de la emergencia sanitaria por la covid-19 y la sobrecarga de trabajo en este primer nivel asistencial, el Defensor del Pueblo tramitó un número significativo de quejas de ciudadanos que ponían de manifiesto graves problemas para recibir atención con normalidad en algunos centros sanitarios de las diferentes comunidades autónomas.
En cuanto al personal sanitario, esta institución puso de manifiesto el problema del «adelgazamiento y envejecimiento de las plantillas de personal en Atención Primaria».
De hecho, muchas de las quejas ante el Defensor del Pueblo son presentadas por profesionales sanitarios, médicos y enfermeras, que manifestaron «su desacuerdo y, sobre todo, su gran preocupación por la carga de trabajo que soportan, como consecuencia del alto número de pacientes que les corresponde atender cada día».
PROFESIONALES SANITARIOS
Otros factores igualmente «determinantes y trascendentales» son la desigual demanda asistencial entre distintas zonas geográficas por razones demográficas y socioeconómicas. De hecho, «las administraciones han de contar con herramientas actualizadas de planificación que permitan conocer, en todo momento, la carga efectiva que soportan los profesionales en relación con la demanda de la población, para con ello adoptar decisiones ágiles que equilibren el esfuerzo del sistema en el nivel de Atención Primaria».
Asimismo, el informe señaló que «según se deduce de las manifestaciones de los profesionales que se dirigen al Defensor del Pueblo, puede no haber mejor incentivo para su desarrollo laboral que el repartir convenientemente la carga de trabajo».
«Los profesionales de atención primaria necesitan tiempo para realizar en condiciones óptimas su labor asistencial, para aplicar métodos innovadores que modernicen y hagan más resolutiva la atención que prestan o para mantener al día sus conocimientos en contacto con otros campos y especialidades sanitarias», añadió.
Por todo ello, «las circunstancias de saturación y el desbordamiento de la capacidad asistencial en muchos centros de Atención Primaria de todas las comunidades autónomas aconsejan conocer más en profundidad las dificultades que encuentran las administraciones para continuar dando un adecuado servicio que garantice la protección de la salud de los ciudadanos».
Por ello, el Defensor del Pueblo solicitó información a la Secretaría de Estado de Sanidad sobre el grado de cumplimiento de las acciones delimitadas por el Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria, así como la remisión de los documentos de evaluación y seguimiento de ese marco estratégico que se encuentren ya disponibles.
