– El número de menores tutelados en España supera los 50.000, según datos del Observatorio de la Infancia
MADRID, 08 (SERVIMEDIA)
Una concentración convocada por la asociación Familias para la sociedad del siglo XXI pidió este viernes frente a la Comisión de Tutela de la Comunidad de Madrid una mayor protección para los menores tutelados, así como la defensa de sus derechos y los de sus familias.
El número de menores tutelados en España supera los 50.000, según el último boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia elaborado por el Observatorio de la Infancia del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
El presidente de la asociación convocante, Victoriano Fernández, declaró a Servimedia que esa cifra no ha dejado de crecer en los últimos años. «Hace diez años andábamos en torno a 40.000 y desde entonces no ha hecho más que crecer, mientras que la natalidad en España no crece». En este sentido, señaló que algo «está funcionando muy mal» para que el número de familias no idóneas siga aumentando.
A través de la concentración pidieron el «cumplimiento» del artículo 39 de la Constitución, que garantiza la protección de la familia y «la revisión de las leyes al amparo de este artículo». También demandaron que «se tengan en cuenta las quejas que hay de maltrato en los centros de menores».
Respecto a los fondos europeos, los afectados reclamaron que se utilicen para dotar a las familias de medios en vez de destinarlos a financiar centros de tutela privados. Además, señalaron que «nunca se puede separar a un niño o una niña de su familia sin intervención judicial» y que la familia afectada debe tener la opción de defenderse y contar con un abogado de oficio especializado en caso de no disponer de recursos económicos suficientes para contratar uno.
PROBLEMA ESTRUCTURAL
Fernández señaló que esta es «al menos» la sexta manifestación que realizan frente a la Comisión de Tutelas desde que se fundó su asociación en el año 2017. Sin embargo, en estos años no han visto cambios pese a sus reuniones con distintos políticos y consideran que esto se debe a que se trata de un «problema estructural» y también social, pues «no hemos sido capaces de adaptarnos a los cambios de los tiempos».
«Nosotros creemos que el problema se originó en 1987, cuando se cambian las leyes del menor y de la familia en España para favorecer las adopciones. Desde entonces, cada vez que se ha hecho un nuevo cambio, lo que se hace es reforzar la presión sobre las familias a las que se juzga y se consideran no idóneas».
Por otra parte, apuntaron al «negocio» de los centros de menores privados, que son la mayoría de ellos, y que cobran «entre 3.800 y 9.000 euros por niño al mes». Fernández concluyó que, por ello, «les interesa que haya más niños y niñas tutelados».
