Hasta 5.000 taxis marchan en Madrid contra «la precarización del servicio que planea Díaz Ayuso contra la voluntad del sector»

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

Hasta 5.000 taxis marcharon este jueves entre la sede de la Dirección General de Transportes y la Delegación de Transportes como respuesta al nuevo reglamento que «pretende imponer el gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso», según indicó la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM).

La cifra se traduce en casi 7.000 taxistas que protestaron contra una nueva norma que el sector considera un «ataque frontal» a una estructura sectorial formada, en su gran mayoría, por trabajadores autónomos que, tal y como indicó la FPTM, verán sus derechos fundamentales mermados y que, además, ven cómo la Comunidad de Madrid (CAM) «les da de nuevo la espalda» en sus propuestas de mejora del sector.

En este sentido, la Federación Profesional del Taxi, Julio Sanz, considera que las intenciones de la CAM suponen «una regresión total de todos los derechos conseguidos durante décadas». También recordó que «la amplia mayoría del sector votó, en un referéndum el pasado mes de noviembre, en contra de esta liberalización de horarios, que solo fomentará una reducción de los derechos de los trabajadores y, en consecuencia, inevitablemente una disminución de los estándares de calidad del servicio».

Y es que, a su juicio, la CAM ha demostrado en reiteradas ocasiones que no trabaja por mejorar la situación del taxi ni la ciudadanía, sino por y para los intereses de las plataformas de VTC, que «todavía siguen sin regulación ni, por supuesto, régimen sancionador». A esto añadió que «estamos haciendo una alfombra roja y un traje a medida para aquellas plataformas o empresas que quieran a corto plazo erradicar el taxi de Madrid».

De igual manera, los taxistas recordaron que la CAM ha incumplido su palabra al olvidar los doce puntos tratados en la última reunión con el sector y avisan de que «la negativa de la inmensa mayoría del colectivo a la imposición de este nuevo reglamento no tendrá final, pues es un atentado contra los derechos de miles de familias y autónomos y de la ciudadanía».

Por último, Sanz destacó que «esta protesta es un tanto atípica porque no pedimos mejoras económicas, solo queremos seguir prestando nuestro servicio como venimos haciendo en las últimas décadas, con garantía, calidad y profesionalidad».